Por Luis Mendoza 

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En un año electoral decisivo, el presidente Mauricio Macri definirá el miércoles próximo en el Congreso los ejes de la agenda legislativa del oficialismo, con un repaso sobre el estado de la Nación y anuncios sobre las iniciativas que buscará plasmar en leyes.

Lo hará con un discurso que no se prevé extenso y que pondrá el foco, según fuentes parlamentarias de Cambiemos, en lo realizado en el último año con la sanción de leyes importantes, y en esa línea pedirá a la oposición el mismo grado de colaboración que se dio en 2016, por ejemplo con la salida del default y la reparación histórica para los jubilados.

En esa parte del discurso presidencial a la Asamblea Legislativa, que se terminará de pulir mañana a la noche en Olivos después de una comida con diputados y senadores nacionales de Cambiemos, Macri planteará la agenda legislativa de este año, que estará cruzada, inevitablemente, por el desafío electoral para el oficialismo y las oposiciones.

La idea es avanzar con temas de amplio impacto ciudadano y sobre los que existen coincidencias en cuanto a la necesidad de atender las demandas de la sociedad. La problemática de la inseguridad podría incluir anuncios sobre iniciativas tendientes a introducir reformas en el Régimen Penal Juvenil, con la rebaja de la edad de imputabilidad como uno de sus costados más polémicos.

Pero en el oficialismo computan a favor del debate legislativo la mirada parecida que tienen sobre la cuestión en el Frente Renovador y en el Bloque Justicialista. El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Martín Casares, confirmó que la redacción del proyecto para bajar a 14 años la edad de imputabilidad de los menores está en marcha y que la idea es avanzar para delitos graves que atenten contra la vida, como “homicidio, violación, secuestro extorsivo, robo con armas y con lesiones gravísimas”.

Empresarios

También trascendió en el fin de semana que Macri propondrá al Congreso avanzar con la sanción de una normativa que castigue a las sociedades empresarias por delitos de corrupción. Además podría haber referencias al estudio y elaboración de un proyecto de ley vinculado a las situaciones donde haya conflicto de intereses entre el Estado y sectores empresarios.

La situación derivada del escándalo planteado por la fiscal Gabriela Boquin por el acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino, del Grupo Macri, impulsó al Presidente a proponer que vuelva todo a foja cero, por lo cual habrá nuevas audiencias en el ámbito de la Justicia.

En el Congreso, diputados de Cambiemos están trabajando en la elaboración de un proyecto de ley en esa dirección, para lo cual encomendaron la tarea a las diputadas Karina Banfi (radical) y Silvia Lospenato (PRO). "Vamos a tomar como norte las recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la Convención Interamericana contra la Corrupción”, adelantó la diputada Banfi.

Pendientes

Entre los temas que quedaron pendientes de tratamiento legislativo se encuentra el de reforma del mercado de capitales, que apunta a crear mejores condiciones para atraer inversiones. Otra de las cuestiones en las que podrían coincidir oficialismo y los sectores dialoguistas de la oposición es el referido a extinción de dominio y decomiso de bienes en casos de corrupción y criminalidad compleja.

Reforma electoral

El otro gran tema que quedó sin definición es el de la reforma electoral, que el oficialismo pretendía convertirlo en ley para que el sistema de votación por boleta única electrónica (BUE) se aplicara este año en las elecciones nacionales del 22 de octubre para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La cerrada negativa del PJ-Frente para la Victoria en el Senado frustró uno de los proyectos en los que Macri había puesto especial atención y energía. Las dudas por los sistemas informáticos y la posibilidad de irregularidades en su funcionamiento y transparencia hicieron naufragar la propuesta.

Pero es posible que se insista en la necesidad de avanzar con consensos para cambiar el sistema electoral de la Argentina y ponerlo en marcha en las presidenciales de 2019