El titular del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Juan Pablo Pozo, afirmó que “no es posible” evitar el balotaje para escoger al sucesor del presidente Rafael Correa, debido a que cuando faltan contar el 5% de los votos de las elecciones del domingo pasado el candidato oficialista, Lenín Moreno no llegaba al 40% que exige la ley, mientras la oposición se movilizó para “impedir un fraude”.

Moreno, con el 39,21% de los sufragios, reiteró “un llamado franco a la paz y a respetar la voluntad popular sin importar a quién favorezca”, en un escenario en el que simpatizantes del candidato opositor Guillermo Lasso, que marchaba segundo a más de un millón de votos de diferencia, intentaban posicionar la tesis de un supuesto fraude electoral. “La violencia no debe definir el resultado; estamos tranquilos y agradecidos con todos; ayer ya comenzamos nuestro trabajo más allá de lo que decida el CNE. ¡Hay tanto por hacer!”, escribió Moreno en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, representantes de los organismos observadores acreditados para las elecciones del domingo pasado ratificaron la transparencia, la tranquilidad y la paz del ejercicio democrático, así como la seguridad y el papel del CNE en la organización del proceso en el que votaron más de 12 millones de ciudadanos.

El responsable del CNE, en conferencia de prensa, resaltó que desde el primer informe ofrecido por ese órgano tras el cierre de las mesas de votación el domingo se mantuvo una tendencia estable en los resultados, pero insistió en esperar a que el escrutinio finalizara para dar datos oficiales definitivos.

En Ecuador, para ser elegido presidente en primera vuelta, es necesario tener más de 50% de los votos o, como mínimo, 40% y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales respecto del segundo candidato más votado. Moreno sumaba 39,21% de los votos con 94,6% del escrutinio completado. “No se le ha quitado ni se le ha puesto un voto a ningún candidato”, remarcó el presidente del órgano electoral, quien indicó que el escrutinio había concluido en 18 de las 24 provincias del país y proseguía en las seis restantes para examinar actas que presentan “inconsistencias”.