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31 de enero de 2023

Sin decisión del Congreso sobre las elecciones, continuaron las protestas

Las autoridades del parlamento dieron un cuarto intermedio y convocaron para este martes al pleno para debatir y votar un nuevo texto que permita celebrar en 2023 los comicios anticipados. Esa medida fue adoptada al cabo de seis horas de negociaciones con las diversas bancadas, mientras las manifestaciones seguían en pleno desarrollo en el país.

30-01-2023 | 21:59


El Congreso de Perú resolvió este lunes aplazar hasta el martes el debate sobre el eventual adelanto a este año de las elecciones generales, mientras se repitieron las protestas antigubernamentales en varias regiones del país, incluida Lima, y la Policía y las Fuerzas Armadas comenzaron a levantar bloqueos de rutas.

El presidente del parlamento, José Williams, convocó para este martes al pleno para debatir y votar un nuevo texto que permita celebrar este año los comicios legalmente previstos para 2026.

Esa medida fue adoptada al cabo de seis horas de negociaciones entre las autoridades de la Comisión de Constitución y representantes de las diversas bancadas, según el diario limeño La República.

De acuerdo con la legislación peruana, el adelantamiento de elecciones, que implica una reforma de la Constitución, debe ser aprobada por dos legislaturas anuales consecutivas y este martes vence el plazo de la primera. El próximo ciclo legislativo comenzará el 15 de febrero.

De modo que si no fuera aprobada este martes, la decisión quedaría postergada al menos por un año y sería imposible celebrar los comicios este año, como demandan los manifestantes y gran parte de la opinión pública.

Los legisladores habían acordado reabrir este lunes el debate sobre el eventual anticipo de las elecciones a octubre de este año, después de que la semana pasada no hubiera alcanzado en el pleno los votos suficientes para aprobarlo.


El adelantamiento de los comicios es visto por la mayoría de la opinión peruana como la forma más efectiva de contener las protestas que estallaron el 7 de diciembre pasado, tras la destitución del hasta entonces presidente Pedro Castillo, y que dejaron decenas de muertos.

La presidenta Dina Boluarte, que era la vice de Castillo, puso más presión el domingo por la noche sobre el Congreso, en un mensaje a la nación en el que lo emplazó a adelantar los comicios, y dijo que de lo contrario impulsará reformas constitucionales para lograrlo.

"Voten por el Perú a favor del país adelantando las elecciones a 2023 y digamos al Perú entero con la más alta responsabilidad que nos vamos todos", dijo Bolaurte, que al asumir rechazaba recortar su mandato pero que cambió de opinión con el agravamiento de las protestas.

La alusión a "todos" se debe a que el período quinquenal de gobierno es simultáneo para el Ejecutivo y para el Legislativo, de modo que si se diera por terminado el actual, debería llamarse a comicios tanto para presidente y vices como para el Congreso entero.

Mientras tanto, en las afueras de Lima, en el barrio popular de Huaycán, cientos de personas marchaban con una pancarta gigante que decía "Ni un muerto más, Dina renuncia ya".

Los manifestantes se movilizaron hasta el centro de la capital, donde están el palacio presidencial, el parlamento y tribunales de justicia, y que fue escenario de violentos enfrentamientos entre encapuchados y la policía en los últimos días.

Hasta este lunes por la noche, sin embargo, no se habían reportado incidentes.

Paralelamente, unos 2.000 policías tomaron el control de la Panamericana Sur, una de las principales rutas del país y que llevaba cerca de dos semanas cortada por manifestantes.

Con apoyo de tropas del Ejército, los efectivos policiales desbloquearon tramos de la ruta alrededor de los kilómetro 263 y 290, en el departamento Ica, al sur de la región de Lima, que se encontraban obstaculizados con neumáticos y piedras.


El contingente policial llegó a ambos sectores por dos frentes -el sur y el norte- y con apoyo de vehículos blindados, caballos y helicópteros, describió la agencia estatal de noticias Andina.

Durante el operativo hubo algunos enfrentamientos entre uniformados y manifestantes, pero pronto estos resolvieron retirarse y los vecinos retiraron los objetos que impedían el tránsito, según la radio limeña RPP.

La Defensoría del Pueblo informó en Twitter que supervisó el operativo y constató que no dejó "personas heridas ni detenidas".

A partir de las 13.30 (las 15.30 en la Argentina), los camiones de carga pesada empezaron a circular por la ruta sin problemas y efectivos policiales permanecían apostados en la zona para garantizar el libre tránsito, según Andina.

No obstante, en su boletín diario, la Defensoría reportó que este mediodía persistían 67 cortes de rutas en diversos puntos de 21 de las 195 provincias en que se dividen los 24 departamentos regionales del país.

Los bloqueos de rutas causaron graves pérdidas económicas, así como desabastecimiento e inflación, según reportaron organismos gubernamentales y asociaciones empresariales.


Sin embargo, "las movilizaciones van a continuar porque no hay signos de que el Ejecutivo renuncie", advirtió el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, según la agencia de noticias AFP.

Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) volvió a llamar este lunes a las autoridades peruanas a que celebren "pronto" elecciones con observación internacional y reiteró su preocupación por el "uso excesivo de la fuerza" en la represión de las protestas.

La OEA hizo un "firme llamado a las autoridades peruanas para que aseguren la gobernabilidad e institucionalidad democrática mediante la pronta realización de elecciones generales justas, libres y transparentes, con observación electoral internacional", en una resolución emitida al cabo de una nueva sesión extraordinaria de su Consejo Permanente.

Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó a Castillo horas después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

En ese contexto murieron 48 personas (47 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 10 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.137 personas (entre ellas, 607 policías) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría, publicado esta tarde.
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