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29 de julio de 2022

Tras años de críticas, el Gobierno porteño licita el sistema de acarreo de autos

29-07-2022 | 16:07

La licitación plantea un plazo de operación de 10 años de duración / Foto: Archivo.
 

El Gobierno porteño inició este viernes el llamado a licitación para el servicio de grúas de acarreo de autos mal estacionados, cuya concesión está en manos de dos empresas desde la década de los 90, las cuales operan desde hace más de 20 años con prórrogas de contratos, en medio de una oleada de cuestionamientos al "canon congelado" que pagan las prestatarias y pedidos para que les suspendan la concesión.

La medida de la administración del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta fue publicada en el Boletín Oficial, donde también se confirmó que el sistema de acarreo se ampliará al 100 por ciento del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la actualidad que está vigente solamente en el micro y macro centro y en algunos barrios.

La licitación plantea un plazo de operación de 10 años de duración con un presupuesto oficial que asciende a $ 53.384.785.032 y prevé una preadjudicación a fin de año, lo que permitiría, según las estimaciones oficiales, que a mediados del 2023 se ponga en funcionamiento el nuevo sistema.

Para ello, el esquema proyectado plantea la división del distrito porteño en tres zonas, las que deberán contar con un mínimo con una playa para remisión del vehículo acarreado.

Además, las empresas que se postulen para la adjudicación deberán presentarse para las tres zonas sin distinción y "en función de sus ofertas en el plano técnico y económico es que serán evaluadas para definir cuál prestará el servicio en cada zona", indicaron a Télam fuentes porteñas.

La convocatoria pública para definir un nuevo sistema de grúas de acarreo ocurre tras las críticas vertidas por el arco opositor porteño luego de conocerse el canon mensual de $55.000 que abonan las firmas Dakota SRL y BRD-SEC, que desde la década del 90 están a cargo de la prestación que opera con prórrogas de contratos ya que la concesión cayó en 2001.

Uno de los cuestionamientos fue lanzado por el legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés, quien pidió suspender la concesión del servicio de acarreo de vehículo al considerar que abonan al Estado porteño "un canon congelado desde 2014".

"Es un negocio del Gobierno porteño que dice estar organizando el tránsito pero lo único que hace es incentivar que se levanten autos para meter la mano en el bolsillo de la ciudadanía", sostuvo Valdés que precisó que las actuales operadoras "levantan en promedio 345 autos por día y en 2021 llegaron a cobrar cerca de 547 millones de pesos".

En ese marco, un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires reveló que en 2016 ambas empresas "lograron cubrir el canon anual que tienen que abonar al Gobierno de la Ciudad por la concesión con poco más del 1% de sus ingresos".

"El gobierno de Rodríguez Larreta entiende que la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, producto de la pandemia, es un buen momento para que el sector privado haga negocio en detrimento del bolsillo de las y los porteños", dijo al respecto auditor general por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz.

Según la Secretaría de Transportes y Obras Públicas, la iniciativa apunta a "dar respuesta cada vez que un vehículo indebidamente estacionado impida acceder a un derecho, como usar una rampa o el transporte público, transitar por la vereda, o la circulación de otro vehículo".

Para ello, se atenderán en el 147, redes sociales y vía Boti -el chat del Gobierno porteño- las denuncias de vecinas y vecinos respecto de los casos de mal estacionamiento y que requieran el acarreo de los vehículos.

"En 2021 y hasta junio de 2022 los vecinos hicieron más de 200 mil denuncias por autos estacionados en paradas de colectivos, rampas, ochavas u otros lugares indebidos; es decir, alrededor de 500 denuncias por día", argumentaron.

Entre los cambios contemplados en la medida oficial aparece que solo se licitará el servicio de acarreo, sin incluir los parquímetros o estacionamiento medido, como funcionaba antes ya que cada prestación pasará a tener distintos operadores, tal como lo dispuso una ley sancionada en la Legislatura el año pasado.

Otra reforma será que las prestadoras recibirán un pago mensual por el servicio ofrecido, mientras que la Ciudad percibirá el monto que deben pagar los autos indebidamente estacionados en reparación de su infracción.
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