El asesinato de José Luis Cabezas, perpetrado el 25 de enero de 1997, provocó un cimbronazo político en los gobiernos de los entonces presidente Carlos Menem y del gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, quien advirtió en aquel momento que le "tiraron un muerto" y reveló vínculos entre la política, empresarios y la policía.

El homicidio fue cometido en tiempos en que Duhalde, en representación del Partido Justicialista, buscaba suceder a Menem, quien ejercía su segundo mandato y buscaba un tercero.

"Me tiraron un muerto", reportaron los medios de la época que Duhalde le había dicho a sus allegados, al enterarse del hallazgo del cuerpo del fotógrafo de la revista Noticias calcinado dentro de un automóvil, con las manos esposadas en la espalda y dos tiros en la cabeza, en las afueras de Pinamar.

En ese balneario, Cabezas había logrado fotografiar al empresario Alfredo Yabrán.

La noticia del homicidio -ocurrido en el balneario elegido por empresarios y políticos para veranear durante la década del '90- le llegó a Duhalde cuando se disponía a salir de pesca.

Al día siguiente de haberse conocido la noticia, Menem opinó que no creía que el hecho tuviera connotaciones políticas, mientras que el gobernador ofreció una recompensa para quien aportara datos que permitieran resolver el caso.

Duhalde, que había dicho que la bonaerense era "la mejor policía", inició una investigación en la fuerza de seguridad, pidió ayuda al FBI, ofreció indultos a quienes hubieran participado en forma secundaria en el crimen a cambio de datos y afirmó entonces: "En esto me va la vida".

El PJ, la UCR y el Frepaso crearon una comisión para seguir la información y en el Congreso funcionó una bicameral como apoyo de la investigación judicial del asesinato del reportero gráfico.

El entonces ministro del Interior, Carlos Corach, buscó desmentir que el menemismo intentara trabar la candidatura del gobernador a la Casa de Gobierno con el caso, al afirmar el 3 de febrero tras un informe en el Congreso que "no" le tiraron "el fardo a Duhalde", en alusión a la pelea entre la Nación y la provincia sobre el control de la pesquisa.

La disputa política entre el presidente y el gobernador se fue profundizando con el avance de la investigación a raíz de las diferencias que mantenían respecto del empresario Yabrán, a quien el ministro de Economía, Domingo Cavallo, había denunciado en 1996 de "liderar una mafia enquistada en el poder", durante una maratónica exposición ante la Cámara de Diputados.

Mientras Duhalde consideraba que Yabrán era "sospechoso" del crimen de Cabezas, Menem sostenía que el hombre que visitaba con frecuencia la Casa Rosada era "sólo un empresario más".

Cincuenta días después del asesinato, el gobernador dijo que la policía daba miedo en lugar de seguridad e hizo la primera de una serie de purgas en la fuerza de seguridad, exonerando a 150 efectivos.

La investigación determinó posteriormente la responsabilidad de jefes policiales en el homicidio y sus vínculos con el encargado de la custodia del empresario.

Cinco meses después del crimen renunció el ministro de Justicia Elías Jassan, al descubrirse que había mantenido más de cien contactos telefónicos con Yabrán, sospechado de haber actuado como el instigador del homicidio.

Jassán, según se reportó entonces en medios periodísticos, había sido vicepresidente de una empresa ligada a Yabrán y le otorgó el reparto de la correspondencia de la cartera a su cargo a la compañía de correos OCA, también mencionada como propiedad del empresario.

El funcionario había declarado: "No tengo ni he tenido relación alguna con el señor Yabrán", en alusión al empresario que se suicidó en mayo de 1998 cinco días después de que el juez a cargo de la investigación, José Luis Macchi, librara una orden de captura en su contra.