23 de mayo de 2019
Ahora denuncian al intendente de Río Grande por cartelización de la obra pública
El presunto caso de corrupción se suma a la denuncia radicada el año pasado contra Gustavo Melella.
Melella, un radical K que se postula como candidato a la gobernación en las elecciones del próximo 16 de junio, está acusado de haberle exigido "favores sexuales" a los obreros Damián Rivas, Jerónimo Suasnabar y Mario Lovera, a cambio de empleo y de cobrar tareas ya realizadas.
Los denunciantes contaron en 2018 que Melella los llamaba para realizar obras públicas y que, cuando estaban por finalizar los trabajos, los retiraba del lugar y las obras eran facturadas por empresas allegadas al municipio, como "Patagonia Constructora" y "Marino Luis Vaquera". Según la denuncia, el intendente convocaba luego a los trabajadores (a veces a su domicilio particular) y les exigía el cumplimiento de los favores sexuales a cambio de seguir trabajando y de cobrar lo que ya habían hecho.
El abogado Francisco Giménez (representante de los obreros) amplió la denuncia ante la justicia fueguina y describió una "matriz de contratación discrecional en la administración municipal" que "concentra los contratos en empresas con vínculos políticos y familiares", y que "por medio de simulación de obras y facturaciones apócrifas, defraudan al Estado y enriquecen indebidamente a funcionarios y contratistas", dice el escrito al que accedió Télam.
Los denunciantes contaron en 2018 que Melella los llamaba para realizar obras públicas y que, cuando estaban por finalizar los trabajos, los retiraba del lugar y las obras eran facturadas por empresas allegadas al municipio, como "Patagonia Constructora" y "Marino Luis Vaquera". Según la denuncia, el intendente convocaba luego a los trabajadores (a veces a su domicilio particular) y les exigía el cumplimiento de los favores sexuales a cambio de seguir trabajando y de cobrar lo que ya habían hecho.
El abogado Francisco Giménez (representante de los obreros) amplió la denuncia ante la justicia fueguina y describió una "matriz de contratación discrecional en la administración municipal" que "concentra los contratos en empresas con vínculos políticos y familiares", y que "por medio de simulación de obras y facturaciones apócrifas, defraudan al Estado y enriquecen indebidamente a funcionarios y contratistas", dice el escrito al que accedió Télam.
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