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13 de febrero de 2019

Al final, no habrá sesiones extraordinarias

El oficialismo desistió de convocarlas al Congreso. De esta manera, postergó los tratamientos de los proyectos sobre los barrabravas en el fútbol y la ley de Financiamiento de los partidos políticos. 

Por Luis Mendoza 
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El gobierno nacional decidió finalmente ayer que no convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para este mes, para impulsar el debate sobre una serie de proyectos pendientes, como la lucha contra los barrabravas en el fútbol y la nueva Ley de Financiamiento de los partidos políticos, entre otros.

Así se anunció al término de una reunión que mantuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, con el jefe del interbloque justicialista del

Senado

, Miguel Pichetto y otros legisladores del justicialismo. De esa forma se confirmaron los rumores que circularon desde la semana pasada en la Casa Rosada, sobre la idea de evitar un debate duro en el Parlamento antes del inicio del período de sesiones ordinarias, que el presidente Mauricio Macri dejará abierto el 1 de marzo con un mensaje a la

Asamblea Legislativa

.

En la mesa política del oficialismo fue tomando volumen la decisión de impedir un cruce anticipado con el kirchnerismo, la izquierda y otros bloques opositores, además de haber evaluado que ninguno de los temas que se barajaban para la agenda, eran prioritarios para su avance en el Congreso en febrero.

"Consideramos que no había ningún tema de urgencia extrema para que el Congreso funcione ahora", ratificó Pichetto a los periodistas, al término del encuentro realizado en sus oficinas del

Senado

. Participaron también los senadores justicialistas Rodolfo Urtubey, Carlos "Camau" Espínola y Alfredo Luenzo, todos del interbloque Argentina Federal.

Financiamiento politico y barrabravas

Trascendió que hubo consenso y compromiso de los senadores justicialistas para no demorar más allá de abril próximo, la sanción de la nueva Ley de Financiamiento para la política, con la idea de aplicarla en las elecciones nacionales de este año. Pichetto explicó en ese sentido que en la segunda semana de marzo se hará una revisión final del proyecto tratado en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto del

Senado

, donde hubo consenso entre

Cambiemos

y Argentina Federal, para avanzar con un dictamen común.

En las conversaciones se acordó avanzar en la

Cámara Alta

en marzo y abrir el diálogo con las expresiones parlamentarias afines de Diputados, para completar su sanción en el mes de abril. Las diferencias planteadas tanto desde bloques opositores como en el seno de la propia alianza oficialista, con la

Coalición Cívica

a la cabeza, giran en torno a la participación de las empresas privadas en el financiamiento de la política.

Hubo consenso y compromiso de los senadores justicialistas para no demorar más allá de abril próximo, la sanción de la nueva Ley de Financiamiento para la política.

Asimismo, se buscarán acuerdos para apurar el debate sobre la ley que apunta a combatir la violencia y los delitos en el espectáculo del fútbol, tema que quedó sin sanción en diciembre último en la Cámara de Diputados, cuando se analizaba el articulado en particular.

Extinción de dominio

En otro pasaje de la reunión, se habló sobre el polémico decreto de necesidad y urgencia 62/19, de extinción de dominio para los bienes producidos por delitos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y terrorismo. "Habría que haber agotado la instancia parlamentaria. Deberían haber dialogado para tratar de sacar una ley", planteó Pichetto ante Frigerio y Monzó, al señalar la "fragilidad absoluta" de la norma en materia constitucional.

Trascendió que no hubo una definición por parte del Ministro del Interior sobre la posibilidad de dar marcha atrás con el DNU y proponer un poryecto de ley. De todas formas, el decreto está vigente y probablemente será analizado la semana próxima en el seno de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que debe emitir dictámenes antes de su debate en el recinto de sesiones de ambas Cámaras del Congreso.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, había dejado abierta la posibilidad del debate parlamentario, más allá de la vigencia del DNU 62/19. "Ojalá el Congreso pueda mejorarlo y no ratificarlo como está", concedió.

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