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30 de noviembre de 2018

ARA San Juan: procesan a cuatro funcionarios por una contratación

El juez federal Martínez de Giorgi lo decidió tras verificar a raíz de una denuncia en la que se acusa a personal del ministerio de Defensa de alterar datos de la empresa preadjudicada de aquel entonces Igeotest. 

La Justicia federal procesó a cuatro miembros de la comisión evaluadora del Ministerio de Defensa por incumplimiento de deberes de funcionario público, en la preadjudicación a una empresa española de la búsqueda del submarino

ARA San Juan

.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, imputó a Héctor Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta, miembros de la Armada y de la Fuerza Aérea, y a Pablo Longh, por

irregularidades

en la contratación de Igeotest Geociencias y Exploraciones SL.

Además, a los involucrados se les trabó un embargo por un millón de pesos.

Según el letrado, "omitieron aplicar la ley", al conceder la misión a la empresa de Marcelo Devicenzi, que no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego.

"Tuvieron pleno conocimiento de las reglamentaciones vigentes para la contratación y pese a todas las evidentes inconsistencias que presentó la oferente recomendada, continuaron con el proceso y no desestimaron la oferta", sostuvo el juez.

En el expediente, figura que "el número societario de la empresa española Igeotest Geosciences SL pre adjudicada, no coincidía con el número de registro" y que "la denunciante constató que el número societario de la empresa estaba relacionado con la compañía española CONTROL Y PROSPECCIONES SL, la cual se encontraría concursada desde el año 2017".

La causa se inició por la presentación de la abogada Valeria Carrera, con el patrocinio del estudio de

Fernando Burlando

, quien denunció a los integrantes del Ministerio de Defensa, quienes integran la Oficina de Contrataciones por la "adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública"

El Gobierno finalmente otorgó

la licitación a la firma Ocean Infinity

, que un año después del último contacto de la nave, la detectó a 900 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la costa argentina.

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