Carlos Valcarcel, titular del PAMI en Mendoza, sigue en el ojo de la tormenta porque, tras la quita de cobertura a unos 25.000 afiliados, espera la citación a la Legislatura provincial para "responder las inquietudes de jubilados y legisladores", según coincide el arco político.

Patricia Fadel -senadora provincial del PJ- dialogó con "Crónica" y aseguró que "el miércoles (por mañana) nos volveremos a reunir para ver el camino a seguir", argumentando que la Comisión de Salud, que ayer sesionó, "no aportó nada ante la Justicia". "Les pedimos a los funcionarios que respondan por qué dejaron de ser prestadores. Aseguraron que no era responsabilidad de Mendoza. Que cumplían ordenes de achicar gastos para mejorar el servicio. Y aclararon que se iba a reubicar a la gente. En pocas palabras, se sacaron la responsabilidad de encima", dijo. Para la legisladora, "si el hecho hubiese pasado en Buenos Aires sería otra la repercusión", y lamentó ser oposición y minoría en Mendoza y no poder actuar.

"El gobernador (Alfredo Cornejo) está en la misma línea que el Presidente. Es por eso que "lo único que podemos hacer es citaciones para que dé respuestas". En ese sentido, cabe recordar que Valcarcel fue puesto en el cargo de delegado local del PAMI a instancias del mandatario, a tal punto que es su médico personal.

Asimismo, según expresó el senador provincial Gustavo Arenas (también del Partido Justicialista), Valcarcel aseguró que a raíz de un fallo judicial las clínicas deberían seguir prestando el servicio: en concreto, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y la Clínica Caimari.

Mientras tanto, el Hospital Santa Isabel de Hungría sólo atenderá hasta el 30 del junio a los 3.700 afiliados del PAMI que hoy integran su nómina. Luego de esa fecha, los mismos serán reubicados en otros centros de atención. A raíz de esto, el sector público se vio sobrepasado por la alta demanda de atención de un día para el otro. Además, desde diversos sectores se ha apuntado a Valcarcel por llevar adelante un "feroz ajuste".

Caso fatal

La situación crítica que se vive en la provincia salió a la luz cuando el domingo 11 de junio falleció una mujer de 54 años (cuyos datos se mantienen en reserva), miembro de la comunidad gitana, que fue abandonada en una clínica por anulación de la prestación médica.

En ese momento, Miguel Pozo -secretario de la guardia de la Sociedad Española de Socorros Mutuos- le dijo a este medio que "la atendimos con todo lo mejor que tenemos, pero lamentablemente murió porque presentaba un estado terminal. Esto le demuestra a Valcarcel que nosotros queremos trabajar".