La justicia de

Rawson

solicitó la captura de una ex fiscal de esa ciudad chubutense que se negó por séptima vez a asistir a la audiencia para el inicio de una investigación en su contra por haber beneficiado a un abusador de menores, a quien le morigeró la calificación legal por la que llegó a un juicio en el que finalmente fue condenado a tareas comunitarias.

El Ministerio Público

Fiscal

(MPF) de la provincia de

Chubut

informó a través de su página web que la medida recayó sobre la ex fiscal Antonia Suárez García, quien desde mayo de 2017 es investigada por los delitos de “abuso se autoridad y omisión de la persecución penal”.

Según el informe oficial, esta mañana se desarrolló por séptima vez la audiencia de apertura de la investigación sobre el desempeño de Suárez García en los tribunales de

Rawson

pero, tal como ocurrió en las anteriores oportunidades, la ex fiscal no se presentó.

Ante esta situación, el fiscal Daniel Báez solicitó que Suárez García sea declarada en rebeldía y se ordene su captura, a lo que el juez Marcelo Orlando aceptó, tras lo cual, libró oficios a la Policía Federal Argentina (PFA), Policía de la Provincia del

Chubut

, Dirección Nacional de Migraciones y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que la localicen.

Para el magistrado, la ex fiscal “tiene pleno conocimiento” que está sometida a proceso, al punto que designó un abogado defensor y en varias oportunidades fue notificada en su domicilio de Playa Unión, principal balneario de

Rawson

.

‘Ha demostrado tener una actitud desinteresada de someterse al proceso”, concluyó el juez Orlando.

Por su parte, el abogado de Suárez García, Fabián Gabalachis, presentó un escrito en el que indicó que “ha perdido todo contacto” con su representada desde diciembre pasado y que ella tenía previsto viajar a España y regresar entre mayo y junio de este año.

La investigación sobre el desempeño de Suárez García se inició hace aproximadamente un año a partir de la denuncia del fiscal de Trelew Omar Rodríguez sobre el caso de un sospechoso de abusar sexualmente de su hijastra menor de edad.

Esa causa estuvo a cargo de la ex fiscal que en mayo de 2016 pidió que el acusado fuese juzgado por “abuso sexual agravado por acceso carnal, agravado por la situación de convivencia en la modalidad de delito continuado” ya que la víctima fue violada durante cinco años.

En base a esos delitos, Suárez García solicitó que, en caso de ser condenado, el imputado recibiese una pena a 10 años de prisión, lo que fue aceptado por el juez Marcelo Nieto Di Biase.

Sin embargo, cuando a principios de 2017 llegó el momento del debate oral, la ex fiscal sostuvo, en forma conjunta con el defensor Omar López, que no había chequeado “correctamente la acusación” y la modificó a “abuso sexual simple”, una figura más leve que la anterior.

Ante esta modificación de la carátula, Suárez García pidió una suspensión de juicio a prueba y el sospechoso recibió como pena 50 horas de tareas comunitaria ya que el requerimiento lo hizo tanto la representante del MPF como la defensa.

Además, desde el MPF añadieron que la ex fiscal “omitió la Instrucción del procurador general Jorge Miquelarena en este tipo de hechos, en cuanto a no consentir salidas alternativas en delitos tan graves como la violación de una nena".

Suárez García fue destituida de su cargo en noviembre pasado luego de ser sometida a un Tribunal en Enjuiciamiento que determinó que había incurrido en mal desempeño de sus funciones en un caso de trata de personas.