El equipo especial anticorrupción de la fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial que impida la salida del país de

Pedro Pablo Kuczynski

Kuczynski ya era investigado por la fiscalía por los presuntos vínculos de su empresa Westfield con la constructora brasileña Odebrecht, así como de la compañía First Capital de su socio chileno Gerardo Sepúlveda, cuando el mandatario era ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

El Congreso tenía previsto debatir su destitución por incapacidad moral permanente, pero Kuczynski presentó su carta de renuncia al Legislativo, ante los pedidos de dimisión de diversos sectores políticos, incluido el propio oficialismo. El presidente del Parlamento, Luis Galarreta, presentó además ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, una denuncia por los audios y videos difundidos en la noche del martes que revelaron un intento de compra de votos de un legislador opositor contra la destitución de Kuczynski.

El titular del Legislativo también había anunciado un proceso de acusación constitucional para desaforar a cinco congresistas, entre ellos la actual primera ministra, Mercedes Aráoz, y a Kenji Fujimori, por una supuesta compra de votos para evitar la destitución del ahora ex mandatario.

Además de Aráoz, Galarreta anunció que se acusaría a Carlos Bruce, quien ejerce como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y a los legisladores Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, quienes aparecían en las imágenes involucrados en los intentos de sobornos.

Kenji Fujimori, Ramírez y Bocángel son tres de los diez congresistas autodenominados "avengers" (vengadores) que en la anterior moción de destitución contra Kuczynski, en diciembre último, salvaron al presidente de ser destituido gracias a su abstención, con la que contravinieron el voto a favor en bloque del fujimorismo.